Ligeia

Durante el mes de julio se realizaron foros de participación ciudadana convocados por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual para discutir algunos artículos de la ley que, desde el gobierno y otros sectores “progresistas”, se está tratando de reglamentar (recuérdese que hoy, se encuentra suspendida por dos medidas cautelares contra artículos específicos de la ley, concedidas luego de presentaciones de los grupos Clarín y Vila).

Las modificaciones a la LSCA serán, según afirman sus promotores, en base a las propuestas que se lleven a estos espacios. Los foros discurrieron a nivel nacional y contaron con la participación de sindicatos, universidades, empresarios y representantes de los pueblos originarios.

Los puntos que se buscó cambiar son, por ejemplo, el artículo 45 –sobre la multiplicidad de licencias– que sostiene que ningún licenciatario se puede dirigir a más del 35 por ciento de la población nacional, cuando hoy por hoy una sola estación de radio ya abarca esa cantidad de audiencia. Por ende se está sugiriendo que diga, por ejemplo, que una licencia de TV abierta en la Ciudad de Buenos Aires excluye la posibilidad de tener una en el resto del país.

Otro punto que se quiere modificar es el que contempla porcentajes de transmisión de un “mínimo de música de origen nacional” y “producida en forma independiente” por ser un ítem demasiado genérico y dar lugar a múltiples interpretaciones.

También se estuvo discutiendo a partir del planteo de FARCO la posibilidad de que los medios "comunitarios, alternativos y populares", sean claramente definidos como actores a los cuales la ley les otorgue derechos y obligaciones específicas que los diferencie de las organizaciones sin fines de lucro (reglamentando el art.21), posean pliegos diferenciados que tengan en cuenta la identidad cultural y la participación comunitaria en estos medios (reglamentando el art. 33), se les reserve como mínimo - el 50 por ciento de las frecuencias destinadas a las entidades sin fines de lucro que es del 33%. ( reglamentando el art. 89). Se adjudique directamente la licencia a las “Emisoras Comunitarias” que ya tengan autorización precaria y provisional que se encuentren saliendo al aire. ( reglamentando el art. 159), Que la Autoridad de Aplicación (AFSCA) agote todas las instancias y los mecanismos disponibles antes de declarar la ilegalidad de las “Emisoras Comunitarias” (reglamentando el art. 116). Que se exima de los gravámenes previstos en la ley a las “Emisoras Comunitarias” y se les amplíe la ayuda económica asignándoles parte de las multas recaudadas por la Autoridad de Aplicación. ( reglamentando el art. 13 y el art. 94). Que en caso de que cuando la Autoridad de Aplicación (AFSCA) resuelva el cambio de frecuencia de una “Emisora Comunitaria”, le garantice los costos aparejados por la modificación de los parámetros técnicos (reglamentando el art. 90). Más información en: www.farco.org.ar.

Otro punto importante que sigue en pie y que la mayoría de las organizaciones sociales y comunitarias involucradas en proyectos de comunicación coinciden es en la necesidad de derogar el decreto de "necesidad y urgencia" 527/05 que suspendió el cómputo del vencimiento de las licencias por diez años, sancionado por el gobierno de Kirchner.

A lo que se podría agregar:

Garantizar la diversidad y el pluralismo de voces y contenidos. (En tanto se corrija el grado de concentración de licencias - estipuladas en diez al igual que establecía la ley 22.285 que permitía hasta cuatro antes del decreto 1.005 sancionado durante la segunda presidencia de Carlos Menem que extendió dicha la cantidad a veinticuatro)

Evitar consignar a la radiodifusión como de interés público. (Esto es, de provecho mercantil y no social. A lo que se podría añadir que la publicidad se mantiene como antes de las modificaciones hechas por el menemismo (decreto 1.005 que la ampliaba a bloques de 3 hs. y permitía incluírla al interior del contenido emitido) en 12 minutos para la tv. y 14 para la radio.

Garantizar la plena representatividad de todos los sectores de la sociedad al interior de la autoridad de aplicación. (La AFSC está integrada por siete miembros: dos directores nombrados por el Poder Ejecutivo; otros dos por el Consejo Federal, que designará un representante por las provincias y un académico, y otros tres que designará una comisión bicameral del Congreso, que elegirá a un director en representación de la primera minoría parlamentaria, uno por la segunda y otro por la tercera fuerza).