Los medios masivos de comunicación, formidables herramientas de formación de opinión pública y consentimiento social, se han convertido en requisito indispensable para la legitimación del sector político. Quienes ostentan el manejo de la información no sólo poseen el poder de constituir identidades sociales y de elaborar el tejido simbólico de la realidad sino que además, disponen de uno de los negocios de mayor rentabilidad habidos y por haber.
No obstante, la consolidación las grandes corporaciones informativas ha requerido desde su origen del tenaz cooperativismo de la clase gobernante. La alianza entre los grandes medios y el establishment político se ha plasmado a través de un mecanismo de negociación habitual a la hora de la toma de decisiones: el lobby.
Dicha tendencia resultó evidente sobre todo durante los noventa, años que marcaron el definitivo retraimiento de los Estados Nacionales y la reconfiguración de las reglas de juego con las que se venía manejando el sistema comunicativo. El sector de la información y la comunicación se cristianizó como el nuevo sitio hacia el que se orientaría la economía mundial.
Un claro ejemplo de ello constituye el comportamiento que ha mantenido Clarín desde su fundación por Roberto Noble, un 28 de agosto de 1945, hasta la actualidad.
Paradójicamente, en su primer editorial el matutino argentino declaraba que no tenía ningún tipo de vinculaciones con las agrupaciones políticas tradicionales. No obstante, ha sido públicamente conocido que, por aquel entonces, el hermano de Noble se presentaba como candidato a diputado por la Unión Democrática, alianza electoral entre los partidos Demócrata Progresista, Socialista, Comunista y Radical finalmente derrotada por Perón con 1.527.231 votos (55%) contra 1.207.155 votos de la fórmula Tamborini-José Mosca.
Tal es así que al día siguiente de la movilización del 17 de octubre de 1945, hito en la historia del movimiento peronista, Clarín no publicó su edición diaria.
Luego del transcurso de los tres períodos de gobiernos de Juan Domingo Perón, tiempos en que Clarín mantuvo firmemente su línea editorial opositora, provino una época en la que el rotativo de mayor tirada de la Argentina brindó apoyo al gobierno dictatorial de Jorge Rafael Videla.
Dicho respaldo quedó expresado en la publicación del 25 de marzo de 1976 en la que puede leerse: “Favorable repercusión tuvo en el exterior la asunción por parte de la Junta Militar del gobierno de la Nación. Quizá el mejor indicador se reflejó en el mercado de cambios de Montevideo donde el peso argentino experimentó ayer un alza del 15% con respecto a la jornada anterior".
La alianza entre el gobierno de facto y el medio gráfico fortaleció sus cimientos en 1977, luego de la expropiación por la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial (CONAREPA) de los bienes del Grupo Griver que, luego de la dudosa muerte de David Griver habían quedado en manos de su familia. Griver había sido sospechado de lavado de dinero perteneciente a la organización Montoneros y un buen día, más precisamente el 6 de agosto de 1976, el avión en el que viajaba estalló mientras volaba.
De esta manera, ambos sectores se repartieron las acciones de Papel Prensa S.A.: 75% para Clarín, La Nación y La Razón (que posteriormente traspasó sus activos a Clarín) a cambio del desembolso de ocho millones de dólares; y el 25% restante para Estado que, además de financiar a las corporaciones mediáticas mediante préstamos del Banco Nacional de Desarrollo, subsidió el consumo eléctrico de la Sociedad y elevó las tarifas para la importación de papel en un 48%.
La monopolización de dicho negocio permitió a sus propietarios el manejo discrecional en la fijación de los precios del papel que han mantenido desde aquel entonces y le proporcionó además, ventajas competitivas las cuales influyeron no sólo en el mayor nivel de ventas obtenido sino también en el redireccionamiento de los lectores que, tarde o temprano se fueron alineando hacia las filas del matutino de mayor llegada del país.
Ya por 1980, cuando el sustento del régimen militar comenzabó a mostrarse más frágil, Clarín empezaría a adoptar una postura menos colaboracionista y a centrar sus cuestionamientos en asuntos de índole económica sin por ello vulnerar el pacto de silencio en relación con la situación transcurrida durante la guerra de Malvinas que terminó de quebrar el ya maltrecho gobierno militar de Leopoldo Fortunato Galtieri.
La porosidad entre los medios y los gobiernos se ha expresado en la formulación de toda clase de presiones cabalmente manifestadas durante los procesos legislativos trabados en los gobiernos de Raúl Alfonsín (1983-1989) y Fernando De la Rúa (1999-2001) que tras sucesivos períodos de elaboración y discusión de anteproyectos a la cuestionada ley de radiodifusión 22.285 (recientemente reemplazada por la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual), a causa de no conformar a los propietarios de las empresas de medios perdieron estado parlamentario y fueron condenados al olvido.
En el primero de los gobiernos mencionados ocurrió que, al interior de las unidades del Estado se configuraron dos tendencias enfrentadas encarnadas por un lado, en el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) que se propuso privatizar los medios, centralizar su administración y mercantilizar la información y por el otro, en la Secretaría de Información Pública (SIP) que sostuvo la necesidad de establecer una amplia intervención estatal y democratizar el funcionamiento del sistema audiovisual. Si bien entre ambos bandos no se logró llegar al más mínimo consenso, la principal causa del freno del anteproyecto emergido durante el gobierno de Alfonsín se debió al lobby asiduamente encabezado por Clarín.
En razón de una solicitud realizada por el por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), la SIP elaboró un proyecto audiovisual enviado por el PEN al denominado Consejo de Consolidación de la Democracia (COCODE) y dado a conocer públicamente en 1987. Prontamente, dicha planificación se congeló y al año siguiente no constituyó más que un noble recuerdo.
Durante el transcurso de su debate, los funcionarios del COMFER asistieron a una serie de reuniones extraoficiales con los empresarios de Clarín en las que se decidió no afectar los intereses de dicha entidad. Así, el Proyecto COCODE sufrió notables modificaciones en favor de Clarín, inclinadas hacia las metas auspiciadas por el COMFER.
Se prescindió, por ejemplo, de la cláusula formulada en el proyecto de la SIP que prohibía a los medios gráficos involucrarse en el negocio de la radiodifusión; se abolieron los organismos de supervisión de la autoridad de aplicación, se desterraron las propuestas acerca de la creación de un canal público no gubernamental, se aumentó el tiempo permitido para la publicidad y la cantidad de licencias otorgadas, entre otros módulos de menor envergadura.
Lo mismo sucedió con las (ahora sí) reales tentativa del COMFER del gobierno de Fernando De la Rúa en cuanto a la reforma de la reglamentación vigente. La iniciativa de sancionar una nueva ley de radiodifusión fue aplacada por el propio presidente de la nación quien no estuvo dispuesto a enfrentarse al sector mediático pues aquello le hubiese acarreado un escenario poco conveniente para su usualmente endeble imagen pública.
La reticencia de Clarín y del Grupo ADMIRA (ex Telefónica Media de Telefónica de España) al recambio de normativa se expresó nuevamente en pequeños círculos en los que se decidió omitir el accionar regulatorio.
No obstante las mayores concesiones otorgadas por el gobierno al statu quo de los medios fueron, sin duda, las acaecidas en el período menemista en el cual, la categórica implantación de estrategias de liberalización implicó no sólo que las empresas hasta ese momento controladas por el Estado pasaran a manos privadas sino que, a la postre, entrañó la transferencia de parte de sus acciones a empresas foráneas.
Durante aquella pasmosa etapa de la historia argentina, el Estado no hizo más que acatar las demandadas encomendadas por el establishment mediático. Su accionar se caracterizó por dar un marco jurídico a los negocios que beneficiaban a los magnates de la comunicación y que precedentemente, se habían materializado.
Justamente, la reformas hechas a la ley 22.285 sucedidas en 1989 a través de la Ley de Reforma del Estado (Nº 23.696) no hicieron más que documentar el visto bueno a la concentración removiendo, por ejemplo, la cláusula que exigía a los licenciatarios poseer no más de tres licencias en distintas áreas de cobertura (más una en zona de frontera, una FM y un servicio complementario).
Dicha ordenanza, más conocida como Ley Dromi (en razón de haber sido firmemente impulsada por el Ministro de Obras y Servicios Públicos del mismo nombre) también ratificaba la conformación de conglomerados de medios de comunicación permitiendo además que sus permisionarios no estuviesen exclusivamente ligados al rubro informativo. Igualmente, el decreto-ley aprobaba la composición de sociedades extendidas
Así, se admitía la procurada vinculación del diario Clarín (amén de sus ramificaciones tales como el deportivo Olé, los diarios provinciales La Voz del Interior, de Córdoba y Los Andes, de Mendoza) con Artear S.A (productora de canal 13), Radio Mitre (AM), Cadena 100 y Gen 101.5 (FM).
En seguida, el Grupo Clarín adquirió los canales 8 y 10 de Mar del Plata (situados, a contramano de la legislación corriente, en el mismo área de cobertura) y la compañía de televisión por cable Multicanal.
Asimismo, el gobierno de Carlos Saúl Menem garantizó la privatización de toda empresa que diese pérdidas económicas (e incluso las que no las procurasen). Tal fue el caso de los canales 11 y 13 que, a principios de su gestión fueron resueltamente privatizados.
Más tarde, durante su segundo mandato (1995-1999), los negociados del sector audiovisual acabaron de potenciarse a través de la sanción del decreto 1005/99, que abrió las puertas al capital extranjero a los países con los cuales Argentina había convenido Tratados de Reciprocidad (es decir, EEUU que en 1994 había concertado un Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con el gobierno argentino y que, con la reforma de la Constitución Nacional de ese mismo año adoptó el carácter de ley).
De este modo, el Grupo Clarín perteneciente a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magneto, Lucio Pagliaro y José Aranda en un 82% volvió legal la compra del 18% de las acciones del holding por el banco norteamericano Goldman Sachs S.A. luego de la crisis de la convertibilidad.
De igual forma se habilitó la transferencia de licencias, hecho que avaló la compra-venta de empresas (previamente efectuadas) y se autorizó igualmente la formación de cadenas así como la ampliación de la pauta publicitaria, mecanismo a través del cuál se financia la actividad mediática.
Sin olvidar que, hacia fines de 1997 el Grupo Clarín se había repartido con la ex CEI-Telefónica el 50% de Video Cable Comunicación (VCC), ya por 1999 el multimedio emprendió el negocio de la televisión satelital a través del lanzamiento de DirecTV.
Por su lado, el Estado en razón de las presiones ejercidas por el Grupo Clarín si bien no emitió reglamentación alguna para el servicio del Cable, sí lo hizo respecto de la teledifusión vía satélite mediante la sanción del Tratado de Reciprocidad Satelital con Estados Unidos por el cual DirecTv formalizó su alistamiento al negocio de la televisión por cable.
Durante el transcurso del 2006 el Grupo Clarín lograría eliminar a su principal competidor en dicho sector a través de la compra de Cablevisión, sumado al 20% del control de Supercanal y el 50% de la empresa Torneos y Competencias (TyC Sports) que, por esos años monopolizaban la emisión de partidos de fútbol.
Del período menemista el país también heredó la llamada Ley de Quiebras (Nº 24.522) que establecía una serie de pautas a seguir en casos de hundimientos empresariales. Dicho mecanismo fue completado durante el período de gobierno de Eduardo Luis Duhalde (2001-2003) quien, en obediencia a las imposiciones del FMI, le añadió la cláusula conocida como de "cram down", la cual notificaba que los acreedores externos podrían cancelar deuda mediante la adquisición de empresas nacionales. En el marco de la crisis económico-política que sacudió al país de un extremo a otro, dicha disposición vendría a afectar enormemente al mayor a los medios locales tales como el Grupo Clarín que hacia fines de 2001 y principios de 2002 poseía una deuda de millones de dólares (contraída por las ya mencionadas compras de activos tales como Multicanal, Cablevisión, Fibertel etc.) que lograría volverse insignificante con la posterior pesificación de las deudas.
En consecuencia, dicho grupo salió a hacer campaña en pro de que las industrias culturales fuesen exceptuadas de la ley de quiebras.
En seguida, en julio de 2002, el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kostequi y Darío Santillán adelantó las elecciones por lo que Duhalde no pudo sancionar ley alguna que respondiese al lobby de sus medios "amigos".
Debió ser el entrante presidente, Néstor Kirchner quien sancionara durante el 2005 la denominada Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales (Nº 25.750) mayormente conocida como “Ley Clarín” la cuál indica que los bienes culturales deben ser nacionales.
No obstante, dicha orden también permite el 30% de existencias de capitales extranjeros salvo a los países con los que hay firmados Tratados de Reciprocidad con los cuales se permite ampliar dicho margen. De esta manera, el Estado asintió las deudas adquiridas por dicho Grupo.
En suma, la fórmula infalible a través del tiempo y de los gobiernos es la misma: El Estado cede beneficios económicos a los dueños de las compañías de Medios a cambio de la omisión de cuestionamientos políticos que pudieran afectarle. Así, ambos consiguen afianzar y acrecentar su propia cuota de poder.
No obstante, la consolidación las grandes corporaciones informativas ha requerido desde su origen del tenaz cooperativismo de la clase gobernante. La alianza entre los grandes medios y el establishment político se ha plasmado a través de un mecanismo de negociación habitual a la hora de la toma de decisiones: el lobby.
Dicha tendencia resultó evidente sobre todo durante los noventa, años que marcaron el definitivo retraimiento de los Estados Nacionales y la reconfiguración de las reglas de juego con las que se venía manejando el sistema comunicativo. El sector de la información y la comunicación se cristianizó como el nuevo sitio hacia el que se orientaría la economía mundial.
Un claro ejemplo de ello constituye el comportamiento que ha mantenido Clarín desde su fundación por Roberto Noble, un 28 de agosto de 1945, hasta la actualidad.
Paradójicamente, en su primer editorial el matutino argentino declaraba que no tenía ningún tipo de vinculaciones con las agrupaciones políticas tradicionales. No obstante, ha sido públicamente conocido que, por aquel entonces, el hermano de Noble se presentaba como candidato a diputado por la Unión Democrática, alianza electoral entre los partidos Demócrata Progresista, Socialista, Comunista y Radical finalmente derrotada por Perón con 1.527.231 votos (55%) contra 1.207.155 votos de la fórmula Tamborini-José Mosca.
Tal es así que al día siguiente de la movilización del 17 de octubre de 1945, hito en la historia del movimiento peronista, Clarín no publicó su edición diaria.
Luego del transcurso de los tres períodos de gobiernos de Juan Domingo Perón, tiempos en que Clarín mantuvo firmemente su línea editorial opositora, provino una época en la que el rotativo de mayor tirada de la Argentina brindó apoyo al gobierno dictatorial de Jorge Rafael Videla.
Dicho respaldo quedó expresado en la publicación del 25 de marzo de 1976 en la que puede leerse: “Favorable repercusión tuvo en el exterior la asunción por parte de la Junta Militar del gobierno de la Nación. Quizá el mejor indicador se reflejó en el mercado de cambios de Montevideo donde el peso argentino experimentó ayer un alza del 15% con respecto a la jornada anterior".
La alianza entre el gobierno de facto y el medio gráfico fortaleció sus cimientos en 1977, luego de la expropiación por la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial (CONAREPA) de los bienes del Grupo Griver que, luego de la dudosa muerte de David Griver habían quedado en manos de su familia. Griver había sido sospechado de lavado de dinero perteneciente a la organización Montoneros y un buen día, más precisamente el 6 de agosto de 1976, el avión en el que viajaba estalló mientras volaba.
De esta manera, ambos sectores se repartieron las acciones de Papel Prensa S.A.: 75% para Clarín, La Nación y La Razón (que posteriormente traspasó sus activos a Clarín) a cambio del desembolso de ocho millones de dólares; y el 25% restante para Estado que, además de financiar a las corporaciones mediáticas mediante préstamos del Banco Nacional de Desarrollo, subsidió el consumo eléctrico de la Sociedad y elevó las tarifas para la importación de papel en un 48%.
La monopolización de dicho negocio permitió a sus propietarios el manejo discrecional en la fijación de los precios del papel que han mantenido desde aquel entonces y le proporcionó además, ventajas competitivas las cuales influyeron no sólo en el mayor nivel de ventas obtenido sino también en el redireccionamiento de los lectores que, tarde o temprano se fueron alineando hacia las filas del matutino de mayor llegada del país.
Ya por 1980, cuando el sustento del régimen militar comenzabó a mostrarse más frágil, Clarín empezaría a adoptar una postura menos colaboracionista y a centrar sus cuestionamientos en asuntos de índole económica sin por ello vulnerar el pacto de silencio en relación con la situación transcurrida durante la guerra de Malvinas que terminó de quebrar el ya maltrecho gobierno militar de Leopoldo Fortunato Galtieri.
La porosidad entre los medios y los gobiernos se ha expresado en la formulación de toda clase de presiones cabalmente manifestadas durante los procesos legislativos trabados en los gobiernos de Raúl Alfonsín (1983-1989) y Fernando De la Rúa (1999-2001) que tras sucesivos períodos de elaboración y discusión de anteproyectos a la cuestionada ley de radiodifusión 22.285 (recientemente reemplazada por la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual), a causa de no conformar a los propietarios de las empresas de medios perdieron estado parlamentario y fueron condenados al olvido.
En el primero de los gobiernos mencionados ocurrió que, al interior de las unidades del Estado se configuraron dos tendencias enfrentadas encarnadas por un lado, en el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) que se propuso privatizar los medios, centralizar su administración y mercantilizar la información y por el otro, en la Secretaría de Información Pública (SIP) que sostuvo la necesidad de establecer una amplia intervención estatal y democratizar el funcionamiento del sistema audiovisual. Si bien entre ambos bandos no se logró llegar al más mínimo consenso, la principal causa del freno del anteproyecto emergido durante el gobierno de Alfonsín se debió al lobby asiduamente encabezado por Clarín.
En razón de una solicitud realizada por el por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), la SIP elaboró un proyecto audiovisual enviado por el PEN al denominado Consejo de Consolidación de la Democracia (COCODE) y dado a conocer públicamente en 1987. Prontamente, dicha planificación se congeló y al año siguiente no constituyó más que un noble recuerdo.
Durante el transcurso de su debate, los funcionarios del COMFER asistieron a una serie de reuniones extraoficiales con los empresarios de Clarín en las que se decidió no afectar los intereses de dicha entidad. Así, el Proyecto COCODE sufrió notables modificaciones en favor de Clarín, inclinadas hacia las metas auspiciadas por el COMFER.
Se prescindió, por ejemplo, de la cláusula formulada en el proyecto de la SIP que prohibía a los medios gráficos involucrarse en el negocio de la radiodifusión; se abolieron los organismos de supervisión de la autoridad de aplicación, se desterraron las propuestas acerca de la creación de un canal público no gubernamental, se aumentó el tiempo permitido para la publicidad y la cantidad de licencias otorgadas, entre otros módulos de menor envergadura.
Lo mismo sucedió con las (ahora sí) reales tentativa del COMFER del gobierno de Fernando De la Rúa en cuanto a la reforma de la reglamentación vigente. La iniciativa de sancionar una nueva ley de radiodifusión fue aplacada por el propio presidente de la nación quien no estuvo dispuesto a enfrentarse al sector mediático pues aquello le hubiese acarreado un escenario poco conveniente para su usualmente endeble imagen pública.
La reticencia de Clarín y del Grupo ADMIRA (ex Telefónica Media de Telefónica de España) al recambio de normativa se expresó nuevamente en pequeños círculos en los que se decidió omitir el accionar regulatorio.
No obstante las mayores concesiones otorgadas por el gobierno al statu quo de los medios fueron, sin duda, las acaecidas en el período menemista en el cual, la categórica implantación de estrategias de liberalización implicó no sólo que las empresas hasta ese momento controladas por el Estado pasaran a manos privadas sino que, a la postre, entrañó la transferencia de parte de sus acciones a empresas foráneas.
Durante aquella pasmosa etapa de la historia argentina, el Estado no hizo más que acatar las demandadas encomendadas por el establishment mediático. Su accionar se caracterizó por dar un marco jurídico a los negocios que beneficiaban a los magnates de la comunicación y que precedentemente, se habían materializado.
Justamente, la reformas hechas a la ley 22.285 sucedidas en 1989 a través de la Ley de Reforma del Estado (Nº 23.696) no hicieron más que documentar el visto bueno a la concentración removiendo, por ejemplo, la cláusula que exigía a los licenciatarios poseer no más de tres licencias en distintas áreas de cobertura (más una en zona de frontera, una FM y un servicio complementario).
Dicha ordenanza, más conocida como Ley Dromi (en razón de haber sido firmemente impulsada por el Ministro de Obras y Servicios Públicos del mismo nombre) también ratificaba la conformación de conglomerados de medios de comunicación permitiendo además que sus permisionarios no estuviesen exclusivamente ligados al rubro informativo. Igualmente, el decreto-ley aprobaba la composición de sociedades extendidas
Así, se admitía la procurada vinculación del diario Clarín (amén de sus ramificaciones tales como el deportivo Olé, los diarios provinciales La Voz del Interior, de Córdoba y Los Andes, de Mendoza) con Artear S.A (productora de canal 13), Radio Mitre (AM), Cadena 100 y Gen 101.5 (FM).
En seguida, el Grupo Clarín adquirió los canales 8 y 10 de Mar del Plata (situados, a contramano de la legislación corriente, en el mismo área de cobertura) y la compañía de televisión por cable Multicanal.
Asimismo, el gobierno de Carlos Saúl Menem garantizó la privatización de toda empresa que diese pérdidas económicas (e incluso las que no las procurasen). Tal fue el caso de los canales 11 y 13 que, a principios de su gestión fueron resueltamente privatizados.
Más tarde, durante su segundo mandato (1995-1999), los negociados del sector audiovisual acabaron de potenciarse a través de la sanción del decreto 1005/99, que abrió las puertas al capital extranjero a los países con los cuales Argentina había convenido Tratados de Reciprocidad (es decir, EEUU que en 1994 había concertado un Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con el gobierno argentino y que, con la reforma de la Constitución Nacional de ese mismo año adoptó el carácter de ley).
De este modo, el Grupo Clarín perteneciente a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magneto, Lucio Pagliaro y José Aranda en un 82% volvió legal la compra del 18% de las acciones del holding por el banco norteamericano Goldman Sachs S.A. luego de la crisis de la convertibilidad.
De igual forma se habilitó la transferencia de licencias, hecho que avaló la compra-venta de empresas (previamente efectuadas) y se autorizó igualmente la formación de cadenas así como la ampliación de la pauta publicitaria, mecanismo a través del cuál se financia la actividad mediática.
Sin olvidar que, hacia fines de 1997 el Grupo Clarín se había repartido con la ex CEI-Telefónica el 50% de Video Cable Comunicación (VCC), ya por 1999 el multimedio emprendió el negocio de la televisión satelital a través del lanzamiento de DirecTV.
Por su lado, el Estado en razón de las presiones ejercidas por el Grupo Clarín si bien no emitió reglamentación alguna para el servicio del Cable, sí lo hizo respecto de la teledifusión vía satélite mediante la sanción del Tratado de Reciprocidad Satelital con Estados Unidos por el cual DirecTv formalizó su alistamiento al negocio de la televisión por cable.
Durante el transcurso del 2006 el Grupo Clarín lograría eliminar a su principal competidor en dicho sector a través de la compra de Cablevisión, sumado al 20% del control de Supercanal y el 50% de la empresa Torneos y Competencias (TyC Sports) que, por esos años monopolizaban la emisión de partidos de fútbol.
Del período menemista el país también heredó la llamada Ley de Quiebras (Nº 24.522) que establecía una serie de pautas a seguir en casos de hundimientos empresariales. Dicho mecanismo fue completado durante el período de gobierno de Eduardo Luis Duhalde (2001-2003) quien, en obediencia a las imposiciones del FMI, le añadió la cláusula conocida como de "cram down", la cual notificaba que los acreedores externos podrían cancelar deuda mediante la adquisición de empresas nacionales. En el marco de la crisis económico-política que sacudió al país de un extremo a otro, dicha disposición vendría a afectar enormemente al mayor a los medios locales tales como el Grupo Clarín que hacia fines de 2001 y principios de 2002 poseía una deuda de millones de dólares (contraída por las ya mencionadas compras de activos tales como Multicanal, Cablevisión, Fibertel etc.) que lograría volverse insignificante con la posterior pesificación de las deudas.
En consecuencia, dicho grupo salió a hacer campaña en pro de que las industrias culturales fuesen exceptuadas de la ley de quiebras.
En seguida, en julio de 2002, el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kostequi y Darío Santillán adelantó las elecciones por lo que Duhalde no pudo sancionar ley alguna que respondiese al lobby de sus medios "amigos".
Debió ser el entrante presidente, Néstor Kirchner quien sancionara durante el 2005 la denominada Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales (Nº 25.750) mayormente conocida como “Ley Clarín” la cuál indica que los bienes culturales deben ser nacionales.
No obstante, dicha orden también permite el 30% de existencias de capitales extranjeros salvo a los países con los que hay firmados Tratados de Reciprocidad con los cuales se permite ampliar dicho margen. De esta manera, el Estado asintió las deudas adquiridas por dicho Grupo.
En suma, la fórmula infalible a través del tiempo y de los gobiernos es la misma: El Estado cede beneficios económicos a los dueños de las compañías de Medios a cambio de la omisión de cuestionamientos políticos que pudieran afectarle. Así, ambos consiguen afianzar y acrecentar su propia cuota de poder.
Grupo Clarín
